Por Diego Molina Moreira
Comunicador del SINDEU
Foto con fines ilustrativos. Por Lillianne Sánchez Angulo
El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), creado en el año 2000, es un complemento para la pensión principal a la que cotizan las personas trabajadoras, como lo es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (IVM).
El ROP funciona como un ahorro individual de cada trabajador, a quien se le rebaja mensualmente el 1% de su salario, y que también cuenta con un aporte del 3,25% por parte del patrono. Este fondo puede llegar a proveer entre el 15% y el 20% de la pensión que una persona recibe mes a mes tras retirarse de la vida laboral.
Actualmente hay dos temas que han acaparado la atención pública con respecto al ROP: la propuesta de Ley 23.082 que plantea que una persona trabajadora pueda retirar anticipadamente el 30% de su fondo para el pago de deudas; y la caída en picada de los rendimientos de las inversiones del ROP realizadas por las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC).
¿Qué implica el proyecto de Ley para retiro anticipado del ROP?
El diputado liberacionista, José Francisco Nicolás Alvarado, inspirado en una propuesta de campaña del candidato del PLN José María Figueres Olsen, presentó el 1 de mayo el proyecto de Ley de devolución del 30% del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), para reducir el endeudamiento de los costarricenses (expediente 23.082).
El proyecto busca que por una única vez, las personas trabajadoras afiliadas a una OPC puedan retirar hasta el 30% de su saldo para pagar deudas que tengan con el sistema financiero nacional, cooperativas, asociaciones solidaristas y casas de préstamo o empeño.
También se podría utilizar para el pago de créditos entre particulares, para lo que la o el trabajador tendrá que aportar la declaración jurada ante un notario público con dos testigos, para certificar el monto de la deuda y el nombre del acreedor a quien se le girará el monto de lo adeudado para su cancelación.
En la exposición de motivos del proyecto de Ley, el diputado Nicolás plantea que “es preocupante que los costarricenses cuenten con millones de colones en el ROP pero que no puedan tener acceso a esos recursos mientras tienen que rematar sus posesiones para sobrevivir”.
El proyecto no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo en el actual período de sesiones extraordinarias, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles anunció en conferencia de prensa que de ser necesario lo vetaría.
“A mí me preocupa que la propuesta tenga como intención, o como consecuencia no deseada, que la gente saque del ROP, reduciendo sus pensiones complementarias futuras, para pagar a los bancos que hoy están viendo un aumento en su morosidad de sus portafolios de tarjetas de crédito”, dijo el mandatario.
En una nota publicada por El Financiero, la superintendente de pensiones, Rocío Aguilar Montoya, señaló que “este retiro anticipado puede representar un equivalente de hasta siete años completos de cotización, que no serán recuperados a menos que el trabajador decida postergar su edad de jubilación”.
Es decir, que si una persona retira anticipadamente parte del dinero para su pensión, tendrá que trabajar más años para recuperarlo, o recibir menos dinero cuando se jubile.
Por su parte, Hermes Alvarado, gerente general de BN Vital, dijo que si se aprueba el proyecto de ley “se pagaría una deuda de hoy a un costo muy alto en el futuro. Para las personas que están más próximas a pensionarse, el monto de pensión a disfrutar podría caer hasta en un 30%. En el caso de las personas más jóvenes, el impacto sobre su pensión futura, podría ser de una disminución de entre el 15% y 20%”.
La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, también manifestó su rechazo al proyecto de Ley en una comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Sociales.
“Yo lo considero una causa noble, pero tal vez el impacto de eso es tan a corto plazo que podemos causar un perjuicio a largo plazo en una población y que corresponde a nosotros encargados de la seguridad hacer la advertencia”, dijo Esquivel.
En una nota publicada por el Semanario Universidad diversos economistas manifiestan preocupación por la propuesta. Por ejemplo Daniel Vartanián Alarcón, quien afirmó que “los que se salvan ahora son los bancos, pero no los trabajadores endeudados”, e indicó que la iniciativa implicaría “una descapitalización de los fondos de pensiones, que le ayuda a los bancos a resolver la situación que han creado con el sobreendeudamiento de las personas”.
El Semanario también cita al economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez Garro, quien dijo que “quitarle recursos al ROP no es una medida inocua, tiene sus consecuencias, pero además, hacer esto sin atender el costo del crédito va a ser una medida apenas de carácter temporal”
Por su parte, la diputada Priscilla Vindas Salazar, del partido Frente Amplio, comentó a El Guardián que “el retiro anticipado de ese porcentaje del fondo vendría a significar un golpe bastante fuerte, no solo para el sistema de pensiones sino para el sistema financiero en general, estaríamos desvistiendo un santo para vestir otro”.
Caída en los rendimientos del ROP
El otro tema noticioso vinculado al ROP es la caída en picada de los rendimientos en las inversiones hechas por las OPC. Estos rendimientos impactan directamente la cantidad de dinero que reciben las personas, pues de ahí proviene hasta el 70% de la pensión complementaria obtenida.
Al ser el ROP un ahorro a largo plazo las operadoras de pensiones realizan inversiones con esos fondos, para “ponerlos a trabajar”. En el país existen seis operadoras, cuatro públicas (Popular Pensiones, BCR Pensiones, BN Vital, la OPC CCSS) y dos privadas (BAC Pensiones y Vida Plena).
Durante este año las seis operadoras han presentado rendimientos negativos, con una pérdida en la rentabilidad al cierre del primer semestre de entre -2,34% y -4,25%. Según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) se debe a “la desconfianza del mercado por la alta inflación en Estados Unidos, las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como la segunda ronda electoral en Costa Rica”.
Para la entidad, este tipo de caídas en los rendimientos son cíclicos en las inversiones de largo plazo y no deberían alarmar a las personas cuando reciben sus estados de cuenta mensuales. Además esperan que la situación se revierta en 2023.
La Superintendencia no recomienda a las personas cambiarse de operadora de pensiones en este momento de crisis, pues como se explica en una nota de DelfinoCR:
“La “pérdida” que se refleja en el estado de cuenta no está “materializada”. Lo que usted está viendo en su estado de cuenta es una valoración negativa del precio al que se valoran las inversiones de la OPC, pero no implica una pérdida real por su venta (y naturalmente no implica que usted haya perdido un solo colón de las cuotas que ha aportado). Sin embargo, si usted solicita trasladarse de operadora la actual tendría que liquidar la inversión —precisamente en un momento en el que está mal valorada— para transferir los montos a la nueva. Es decir: ahí sí se materializaría la pérdida”.
El Gerente de la OPC de la CCSS, Héctor Maggi Contedijo que “los mejores analistas recomiendan, en estas situaciones, esperar y dejar que el mismo instrumento recupere su normalidad, a medida que el mercado se recupere”.
A pesar de los llamados a la calma hechos por la SUPEN y las OPC, el economista e investigador CICDE-UNED, Luis Paulino Vargas Solís, señala en un artículo de opinión que “las pérdidas acumuladas durante este año en los regímenes de pensiones complementarias, tienen las dimensiones propias de una verdadera catástrofe. En breve: hay corrupción, torpeza y negligencia en lo que se ha hecho, como las hay también en el orden normativo e institucional que lo cohonesta y promueve”.
Vargas indicó que la causa de la caída en los rendimientos se debe al incremento de las inversiones hechas por las operadoras en el extranjero.
“Es seguro que, con mucha diferencia, la mayor parte de ese incremento se originó en las operadoras de pensiones, lo cual puso presión y desestabilizó la tasa nominal de cambio colón-dólar, la cual, como sabemos, rozó los ₡700 en junio pasado, cuando a inicios de 2020 estaba por debajo de ₡560”, afirma el economista.
Leonel Vargas, economista y catedrático de la Universidad Nacional, opina que “se requiere tomar medidas urgentes en varios ámbitos y niveles, lo que garantice la sostenibilidad, la rentabilidad y sobre todo, una adecuada gestión del riesgo de inversión de los recursos de las operadoras”.
“Urge mejorar el perfil de los gerentes y los comités de riesgo de inversión de las operadoras de pensiones, lo que necesariamente lleva a cambiar la gobernanza burocrática y legalista de hoy por un sistema de soporte técnico más sólido y de control político de los trabajadores sobre las inversiones de las operadoras”, propone el catedrático.
El Dr. Luis Paulino Vargas Solís plantea que “es urgente promover reformas legales que clarifiquen ciertas obligaciones ineludibles: las operadoras de pensiones, con toda claridad deben explicarles a las personas ahorrantes las estrategias de inversión que aplican, los criterios que guían esas estrategias y los niveles de riesgo que están siendo asumidos. Igualmente deben dar cuentas detalladas y en profundidad, respecto de los resultados -positivos o negativos- que en cada período específico se registren”.
“Deben asimismo contemplarse sanciones para quienes administran las operadoras de pensiones, como también para quienes tienen el deber de regularlas, cuando se presenten pérdidas excesivas durante un lapso irrazonablemente largo, y esas sanciones deben ser más severas, inclusive a nivel penal, conforme más graves las pérdidas y más largo el período durante el cual esas pérdidas se dieron”, concluye el economista.