Por Diego Molina Moreira
Comunicador del SINDEU
Foto de archivo.
El 12 de abril del año 2010 oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al campus de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica sin coordinación previa con las autoridades universitarias, lo cual fue denunciado por el Consejo Universitario como una agresión a la autonomía de la institución. Desde entonces, se conmemora en esa fecha el Día de la Autonomía Universitaria.
A más de doce años de aquellos sucesos, y tras la reciente aprobación de la Ley Marco de Empleo Público, el tema de la defensa de la autonomía universitaria continúa vigente. Pero, ¿en qué consiste dicha autonomía?
Según la Constitución Política, la Universidad de Costa Rica, al igual que las demás universidades estatales, “es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios” (artículo 84).
Esto es de suma importancia para la universidad, pues como señaló la doctora Rita Meoño Molina en un conversatorio virtual organizado por SINDEU, “ningún poder de la República le puede decir cómo organizarse. Tiene su propio gobierno. Tenemos la facultad de dictar nuestros estatutos, nuestra normativa. Nadie nos puede decir cómo hacerlo. De lo contrario intereses económicos, políticos, eclesiásticos podrían intervenir”.
Asimismo, la Carta Magna señala que el Estado dotará de patrimonio propio a las instituciones de educación superior y mantendrá un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan” (artículo 85).
La Constitución también establece que la libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria (artículo 87), y que todo proyecto de ley relativo a materias competentes a las universidades estatales deberá ser consultado previamente a los Consejos Universitarios (artículo 88).
Según un Manifiesto de las universidades públicas de Costa Rica, emitido el 29 de abril del 2011, “la autonomía cobra sentido cuando las universidades inciden positivamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con calidad de vida, cuando sus aportes contribuyen en la transformación social que apunta a la superación de las inequidades y enajenaciones y que solo pueden hacerlo desde su misión en la generación de una cultura y una conciencia propicias para una sociedad inclusiva”.
¿Cómo impacta la vida de las personas que exista autonomía en las universidades?
Para Meoño Molina, “le sirve mucho a la sociedad, porque en las universidades se forman los cuadros profesionales que dirigen el país, se forman los cuadros profesionales que pueden hacer crítica a aquella legislación o aquellas políticas del gobierno que están en contra de los intereses de las mayorías”.
“En las universidades se genera investigación importantísima, que probablemente muchas empresas que tienen los recursos no asumirían, porque no les es rentable asumir esa investigación, por ejemplo en salud, en educación, en la situación social de nuestros pueblos, de los sectores con más vulnerabilidad, que no tienen voz y que la universidad a través de la investigación y la acción social le pone atención a todos estos aspectos”, agregó la académica.
Para la doctora, otro aspecto importante es que con el financiamiento que otorga la Constitución a las universidades se cubren todos los pagos para hacer investigación, para los proyectos de acción social y para las becas de los estudiantes.
“Muchas personas becadas son las primeras en sus familias en sacar un título y eso genera movilización social en sus familias, en sus comunidades. ¿Cuántas personas que se forman en nuestras aulas vuelven a sus comunidades a trabajar y a desarrollar esos espacios locales y esos territorios?”
Para Meoño, la lucha por la defensa de la autonomía ha sido permanente, y recientemente se están acrecentando las amenazas, pues hay muchos intereses para someter a la universidad, sus presupuestos e investigaciones.
“Hay proyectos de ley y políticas que son amenazas, o violaciones que ya se han concretado, que se presentan como últimas innovaciones que rescataran al país del déficit. Responden al nuevo modelo de desarrollo social que se viene instalando en el país en las últimas décadas (…). Lo que se quiere hacer son contrarreformas. Organismos como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE no tienen reparo en empujar un modelo de desarrollo neoliberal, no importa si tienen que violentar la constitución política”, opina Meoño.
Para Jonathan Picado Picado, Secretario de Finanzas del SINDEU, más que un riesgo, es necesario reflexionar cómo era la institucionalidad hace dos décadas y en qué situación estamos ahora.
“La autonomía se quebrantó desde el punto de vista político y económico por los últimos gobiernos neoliberales y el consentimiento del primer poder de la República, conformando una coalición consentida y nefasta entre algunas bancadas. La sala constitucional declaró inconstitucional el recorte del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) de diez mil millones en el presupuesto 2019 de las universidades, recorte efectuado por los señores y señoras diputadas, flagelando el artículo 85 de la Constitución”, comentó Picado.
La aprobación de la leyes 9635 «Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, publicada en la Gaceta en diciembre del 2018, y la Ley Marco de Empleo Público, N° 10159, la cual entrará en vigencia en marzo del 2023, representan riesgos importantes para la autonomía.
Picado explica que ambas leyes “concatenadas entre sí, le dan sepultura a la «autonomía», por las siguientes razones: la intromisión de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación) en regulación de salarios, la contratación de puestos, las políticas públicas en materia de empleo en todas aquellas actividades que no sean exclusivas y excluyentes, cercenando el artículo 84 y 85 Constitucional”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) afirmó en su Informe Anual 2021, que la Ley Marco de Empleo Público comporta un caso de violación a la autonomía universitaria, criterio que no fue tomado en cuenta en el país.
Ante esta compleja realidad, el Secretario de Finanzas del SINDEU hace un llamado a la fuerza laboral y estudiantil de las universidades, que “deben posicionarse en la reconstrucción de la flagelada autonomía universitaria. Este apoyo no debe ser de unos, pocos al contrario, todo funcionario y funcionaria debe defender la institucionalidad independientemente del centro de trabajo. Al final todos somos tripulantes del mismo barco”.
Como se señaló en el Manifiesto de las universidades públicas de Costa Rica del 2011: La comunidad universitaria y la sociedad deben defender y cultivar la autonomía. La autonomía universitaria no es un privilegio, es la condición de un pueblo libre.
Noticias Latinoamerica – TeleSur
