Las instituciones de educación superior pública, estamos una vez más a las puertas de que el
gobierno de la república haga (¿o no haga?) lo que la Constitución Política le ordena: girar el
presupuesto que le corresponde a la educación superior pública.
Al igual que años anteriores, este año habrá que estar en el “pulso” anual de lo que debiera ser
quinquenal y no debiera ser ningún “pulso”.
En este escenario, es sorprendente, aunque no tanto, a fuerza de no cumplir el mandato
constitucional, con reiteración en años recientes, y sobre argumentos que no tienen base, parece
que se ha impulsado por unos y se ha asumido por otros, y por lo tanto, se le ha dado sostén por
gobierno y población universitaria, a la idea que “hay que negociar el FEES”.
Entre muchas personas universitarias, parece que esto ya se legitimó y así, se asume que, por
parte de los representantes de las instituciones de educación pública, se va a “negociar el FEES”,
que en los días venideros, empiezan las “negociaciones del FEES”.
Lo filosófico
Muchas personas del ámbito universitario público, tenemos muy claro por qué las instituciones de
educación superior pública son importantes, por lo que le aportan al país y a la sociedad, así como
distintos sectores sociales.
Entre otras razones de peso, la educación de calidad es motor de movilidad social ascendente. Las
instituciones de educación superior pública, hacen una contribución de gran valor al país,
aportándole profesionales de calidad, con conciencia social y no sólo graduados que piensan nada
más en sus ingresos y en su bienestar personal.
En la relación universidad/sociedad, hacen un aporte importante en la investigación, en la
atención de diferentes situaciones y requerimientos de diferentes sectores sociales.
Institución país
Es por eso y por lo que aporta, con el conocimiento que construye en conjunto con la sociedad, a
fortalecer el rumbo del país, que la universidad pública, es una institución país.
Eso no está en duda y lo sabe el sector gubernamental, lo saben diferentes sectores y actores
sociales y políticos y población universitaria.
Lo político
Lo que acabamos de mencionar, lo tenían claro los sectores políticos del ´48 y como parte del
proyecto/país impulsado, político, económico, social e histórico, lo plasmaron en la Constitución
Política.
En este punto, se hace necesaria una pregunta: ¿El proyecto político, social y económico de país,
de algunos sectores que han estado al frente del Estado, desde hace algunos años: qué calidades,
diferencias y similitudes tiene, en relación con el proyecto/país de los sectores políticos del ´48?.
Una pregunta más precisa: ¿En qué medida y calidad, la educación superior pública, es parte del
proyecto/país de los sectores políticos que se han hecho con la dirección del Estado en los últimos
años?
Por parte de los representantes de las instituciones de educación superior pública, autoridades
universitarias y estudiantado, la base argumentativa, está compuesta en parte, por lo mencionado
arriba en lo filosófico.
Por parte de los sectores gubernamentales, uno de los componentes fundamentales de su base
argumentativa es la escasez, o, lo reducido del presupuesto nacional; muy en consonancia con lo
que plantea el Banco Mundial: “Dado que los gobiernos enfrentan severas limitaciones
presupuestarias…” (“Nuevo reporte del Banco Mundial: La vía rápida hacia nuevas competencias.
Septiembre 29, 2021”).
Una respuesta contundente a este argumento, es que el gobierno, debe tener criterio de país en la
recaudación impositiva: un aporte fiscal de todos los sectores según sus ingresos, en la
recaudación impositiva y que todos los sectores contribuyan con lo que les corresponde. Como se
dice de manera coloquial: “si no tiene plata es porque no quiere”, o preguntar: ¿los intereses que
el gobierno gestiona, hacia donde “miran”? Entonces, ese argumento debe quedar fuera.
Lo realista
La situación es clara: en mi opinión, en la base de la posición de los sectores gubernamentales,
está la reducción del presupuesto del Estado para asuntos públicos, como la educación pública, la
salud pública, entre otros.
En cuanto a la educación pública, y muy claro en la educación superior, hay planteamientos
incluso, en cuanto a que se debe financiar con fondos públicos, la educación privada, valga decir,
el negocio de la educación privada. Muy en consonancia, con lo que plantea el Banco Mundial,
como en el argumento de arriba: “…los gobiernos subsidian generosamente… las IES públicas, pero
rara vez ofrecen ayuda económica a…las IES privadas…”.
Vale tener en cuenta, que parte de la familia de la ministra de educación se dedica al negocio de la
educación superior privada. Ya veríamos a las llamadas “universidades de garaje”, haciendo fila
para exigir quién sabe qué cantidad de presupuesto.
Es clara la doctrina política económica neo liberal, del Banco Mundial y las inequidades, injusticias,
exclusiones y disparates que se proponen en este marco doctrinario.
Es mi opinión también, que con base y en consecuencia con los argumentos del Banco Mundial, la
posición de los sectores de gobierno es: no ceder ante las demandas del presupuesto
constitucional para la educación superior pública y esgrimir una serie de razones baladíes, sin base
más que la visión de mundo a la que adscriben, para no hacerlo.
Para eso también, según mi opinión, los sectores gubernamentales confían en una especie de
temor, de parte de los defensores de la educación superior pública, en cuanto a que si no se
acepta la propuesta del Ejecutivo, “nos puede ir peor”.
Ideas fuerza y lo concreto
Es mi opinión, que la base de la posición gubernamental, tiene en cuenta: esa visión/imposición
de instituciones como el Banco Mundial, según ya se mencionó; los intereses de sectores locales
de poder económico y político; los “medios de comunicación” masiva y esa opinión que han
contribuido a formar, en cierto grado desfavorable y de desprestigio, hacia lo público y hacia
sectores que defienden la institucionalidad pública y su papel en el país, entre otros. Pueden
recurrir también, a la manifestación manipulada, en espacios públicos, por ejemplo.
Por eso las propuestas de reformar la Constitución, por lo menos parcialmente.
Para la defensa del presupuesto constitucional, hacia las instituciones de educación superior
pública, en función de la autonomía y soberanía, en la base está lo jurídico constitucional; la
manifestación en los espacios públicos; la articulación con sectores conscientes de la importancia
de los aportes de la educación superior pública al país, para lo cual hay que visibilizar y construir
una comunicación estratégica y su gestión, identificando actores respectivos; y la propuesta de
lucha por una recaudación fiscal justa, dirigida a la autonomía y soberanía y en contra de
elementos como la evasión fiscal y la deuda externa, por ejemplo.
En cuanto a la manifestación en los espacios públicos, no debe ser sólo “en contra de” si no “a
favor de”, para lo cual debe construirse una propuesta inteligente, articuladora y movilizadora.
Demás está decir que el equipo que representa la defensa del presupuesto constitucional para la
educación superior pública, debe tener criterios unificados, sólidos, y cohesionados, sin fisuras en
su actuar y proceder y de cara a consolidar el apoyo institucional y social.
Es necesario tener en cuenta que hay cuestiones estratégicas, para el desarrollo de un país fuerte,
que deben estar en manos del Estado para su gestión, con una visión de autonomía y soberanía,
como los energéticos, las telecomunicaciones e infraestructura, la educación, la salud. Todo con
criterio y visión complementaria y articulada, para lo que es indispensable, la recaudación fiscal
mencionada.
Un pueblo sin educación e instrucción adecuada y sin salud de calidad, no puede ser parte del
desarrollo integral del país.
Debemos ser conscientes de que el marco de acción, lo componen dos visiones de proyecto/país:
la neoliberal globalista, que parece ser la de los sectores gubernamentales, y la autónoma
soberanista, en función del desarrollo integral del país.
De manera entonces que si se asume que hay que negociar el FEES, como dice el dicho, “ya
entramos perdiendo” y perdiendo doble: 1- Les permitimos que nos impongan su cancha: la
“negociación”; y 2- Eso ya implica que imponen sus reglas y criterios. De ahí que imponen
requisitos, por ejemplo, el gobierno pide que se incluyan tantas carreras STEM.
Además, estaríamos siendo inconstitucionales, adhiriendo a esa violación de la Constitución.
También tenemos que ser conscientes de que esgrimir la contribución importante que hacen las
Universidades públicas al país, lo filosófico, por sí sólo, es algo que para los sectores
gubernamentales no es factor.
En mi criterio, la actitud inconsecuente ante los sectores gubernamentales es: venimos a negociar.
La actitud consecuente es: venimos a hacer que se cumpla lo que manda la Constitución de la
República.
Ayudemos al presidente a cumplir el juramento de defender la Constitución, al asumir el cargo.
¿Será que ya se le olvidó?
“¿Jurais a Dios y Prometeis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la
república, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Sí, juro. Si así lo hiciereis, Dios os
ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.”
Escrito por
Edgar Chacón Morales
Secretario de Propaganda
Seccional de la VAS