Por Diego Molina Moreira
Comunicador del SINDEU
La salud mental es indispensable para el bienestar general y la calidad de vida, según la Organización Mundial de la Salud, y las condiciones laborales inciden directamente en la salud mental de las personas trabajadoras.
Un ejemplo claro de ello es el caso de María (cuyo nombre real es otro, pero por resguardo a su identidad la llamaremos de esta manera), quien vivió un proceso de acoso laboral tan fuerte en la Universidad de Costa Rica, que a sus 54 años se encuentra tramitando una pensión por incapacidad, pues se le diagnosticó un deterioro cognitivo multidominio, con síntomas similares al alzheimer.
Según nos relató su hermana, María tenía más de 20 años trabajando en la universidad, y si bien había estado en oficinas donde existían ambientes laborales con cierto grado de hostilidad, era en “niveles soportables”. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a un departamento en el que comenzó a vivir un proceso de acoso laboral por parte de su jefa inmediata.
En un inicio, la jefa se mostraba muy cercana, invitándola a tomar café y dándole regalos, lo que le pareció extraño a María. Luego comenzó a llamarle la atención constantemente, señalando que las cosas estaban mal hechas. Después a María se le comenzaron a desaparecer cosas de su escritorio.
“Una vez se le perdió el celular y mi hermana estaba muy estresada por eso. Un día, a la hora de salida la señora (jefa) le dijo “lero, lero, aquí tengo su celular” delante de todo el personal. María se sintió muy mal y puso una queja contra la señora, con testigos. Y así fueron pasando decenas de cosas”.
Tras una serie de eventos similares, María comenzó a sentir temor y falta de deseos de presentarse a trabajar. En 2017 la jefa se fue a un permiso de maternidad, lo cual alivió a María. Pero la persona que la reemplazó le dio la impresión de que venía “sobre aviso de que le hiciera la vida imposible”, pues la situación empeoró.
Un día María iba tan atrasada manejando al trabajo por las presas que tratando de no llegar tarde tuvo un choque. Según nos contó su hermana, se fue para su casa, donde llegó en estado de “shock”.
“Llegó gritando. Me contó lo que pasó. Le pedí el número de la oficina y ella estaba asustada. Cuando marqué el teléfono ella lloraba y se escondió en el jardín. Ahí las voces de alarma se me activaron”.
Tras el choque la llevaron al médico, quien le puso un tranquilizante y recomendó que la vieran en neurología. La vieron en una clínica privada, pues la CCSS le dio cita hasta cuatro años después. En aquel momento le hicieron pruebas y le detectaron un deterioro cognitivo multidominio leve.
“(María) empezó a ser otra persona, estaba llena de miedo. Ella no quería estar en la oficina”.
En el trabajo la enviaron a Recursos Humanos, pues no estaba logrando cumplir con sus funciones.
“Decidieron hacer un ajuste que se llama persona-puesto y estudiar el caso, eso se llevó un año. La vio una terapeuta ocupacional, que determinó que ella debía ser sacada de esa oficina para salvaguardar su salud. Pero el director del departamento se negó porque no le iban a reponer a la persona del puesto. Fue una lucha tremenda”.
A partir del año 2019 desde la oficina le comenzaron a abrir procesos administrativos a María, pues decían que no cumplía con sus labores. Le abrieron 15 procesos, de los cuales 10 se llevaron a cabo y cinco se archivaron. Fue a partir de ese momento que el SINDEU comenzó a acompañar el caso.
El proceso fue muy complejo, pues la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no quería atenderla por ser una afectación generada en el ámbito laboral, lo cual corresponde al Instituto Nacional de Seguros (INS), que a su vez no la atendía porque la jefatura de María no aceptaba remitirla.
La asesora legal del SINDEU que llevó el caso, la Licda. Rosibel Solís Segura, nos dijo que “hay un procedimiento en la universidad que considero que está mal, porque quien llena los formularios para remitir a los trabajadores al INS es la misma jefatura. Y cuando es por psicología la jefatura no le ayuda, porque es como aceptar que le ejerce acoso laboral.”
Solís señaló que “en conversaciones con Recursos Humanos nos frustramos incluso quienes asesoramos a esta señora, porque nadie nos respondía. Finalmente la atendieron en la CCSS, porque la universidad nunca la apoyó. Tuvimos reuniones con Rectoría, y estaban de acuerdo con nuestro criterio, de que no debería ser la jefatura la que remita al INS, debería ser una oficina de Recursos Humanos, un tercero ajeno a la situación. Pero eso no se ha solucionado”.
Como a María no la incapacitaban, su familia tuvo que apoyarla para que solicitara numerosos permisos sin goce de salario, los cuales no siempre se le aprobaban a tiempo por su jefatura.
“Me fui a la Defensoría de los Habitantes”, cuenta la hermana de María sobre una vez que no le querían aprobar un permiso. “La señora de ahí mandó a la Vicerrectoría Admnistrativa un documento. El Vicerrector le aprobó el permiso, por dos meses, retroactivo. Y también aprobó que ella fuera trasladada de oficina”.
Si bien María fue acogida por la oficina de Calidad de Vida para que laborara ahí, los daños ya estaban muy avanzados y se le dificultaba mucho cumplir con sus funciones.
Gracias a un recurso de amparo, la familia logró que la CCSS le abriera el proceso para otorgarle una pensión por incapacidad y que la incapacitaron mientras se tramita. El proceso va avanzando lentamente y años después sigue sin concluir.
En el 2017 María tenía un 25% de deterioro, pero ahora tiene un 75%, según le explicó el neurólogo a la familia. “Ya mi hermana es otra persona, le ha cambiado mucho el físico. Fue una persona muy chispa y alegre, y se le fueron perdiendo esas cosas con toda esta situación”.
Si bien este caso es extremo, es un ejemplo de lo que las condiciones laborales hostiles pueden generar en una persona.
“Hay personas trabajadoras que están sometidas a acoso laboral y no se dan cuenta hasta que se le manifiesta en la salud física. Por ejemplo, gastroenteritis, dolores de cabeza, contracturas. Esas cosas vienen de la afectación a la salud mental”, explica la asesora legal Solís.
En el SINDEU se atiende a personas que están en un ambiente de trabajo hostil. Esos casos se remiten a la oficina de Calidad de Vida, donde se atiende a la persona de manera individual y se da soporte a la unidad de trabajo de manera colectiva para que el ambiente pueda mejorar.
“Que una persona tenga demasiada carga laboral, o que no tenga los insumos para realizar su trabajo son formas de acoso laboral y las personas no se dan cuenta. El que se le esté trasladando de oficina, que la pasen a un lugar físico que no es adecuado, es acoso. Pedir tareas adicionales innecesarias también es acoso”, puntualizó Solís.
Durante la pandemia por COVID 19 la prevalencia de la ansiedad y la depresión aumentó más de un 25%, según datos del “Informe Mundial de Salud Mental de la OMS: Transformar la Salud Mental para Todos”.
Aproximadamente 1 de cada 8 personas en todo el mundo (casi mil millones) vive con un trastorno de salud mental, y en promedio, los gobiernos gastan solo el 2% de sus presupuestos de salud en la atención de la salud mental, y los países de ingresos bajos y medios solo el 1%.
Por su parte, en Costa Rica un estudio realizado entre setiembre y diciembre de 2020 por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica (IIP-UCR) en coordinación con el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM), y con colaboración de personas investigadoras del Centro de Investigación y Estudios Políticos, la Escuela de Psicología y la Escuela de Sociología, a un total de 2163 personas, determinó que:
Las mujeres jóvenes (entre 18 y 25 años), provenientes de zonas costeras, con ingresos socioeconómicos limitados y bajo nivel educativo fueron las más afectadas en su salud mental durante la pandemia.
De la muestra total un 70.3% expresó tristeza, ansiedad o enojo, 65,7% cansancio y fatiga, 65,6% dolor y 62,4% trastornos del sueño.
Además 58% de las personas reportaron problemas de concentración, 55,6% miedo al futuro, y 51,6% mucha inquietud.
Según el estudio, tras la conclusión de la pandemia, un 15% de la población quedaría con una afectación crónica en su salud mental.
Específicamente en la UCR, según datos de la Oficina de Bienestar y Salud (OBS), en el primer semestre del 2021 se brindaron 2.257 atenciones psicológicas, tanto a estudiantes como funcionarios, lo cual es un aumento del 12% con respecto al mismo período del 2020. Los trastornos más usuales fueron de ansiedad y depresión.
Según reconoce el reglamento interno de la universidad sobre acoso laboral, el hostigamiento puede provocar en la persona funcionaria estrés laboral, desgaste profesional, situaciones conflictivas laborales y agresión aislada, lo cual puede afectar negativamente la salud mental, con síntomas tales como migraña, vértigo, depresión, falta de deseos de trabajar, entre otras.
Si bien en la universidad existe normativa atinente a estos temas, en criterio de la asesora legal Solís, las jefaturas no le dan la importancia debida.
“He recibido casos de personas que estuvieron incapacitadas mucho tiempo por psicología o psiquiatría y la jefatura no le da el trato adecuado a la persona. A una persona le cobraron en la evaluación del desempeño por estar en una incapacidad larga por psicología. Las jefaturas no valoran una enfermedad mental tanto como una enfermedad física. Dicen cosas como que si una persona llega con una pierna quebrada sí le creen”.
Es por eso que además de la incidencia que se busca hacer con las instancias formales, desde el sindicato se han estado promoviendo que las personas trabajadoras tengan espacios de deporte y de recreación, de poder compartir y tener esparcimiento, lo cual se contempla en el proceso actual de negociación de la Convención Colectiva.
“Hemos estado hablando de poder tener un espacio con OBS para poder crear pausas activas, que la persona pueda levantarse, que pueda respirar, tener ejercicios de respiración, de estiramiento. Inclusive de cerrar sus ojos y escuchar música relajante, para poder liberar ese estrés que está manejando en ese momento”, explicó la Licda. Grettel Saavedra Arias de la Secretaría de Salud Ocupacional.
Algo importante de recalcar es que un caso como el de María no solo afecta la salud mental y física de la persona involucrada en la hostilidad laboral, sino también la de las personas que la rodean. “Al suceder este acontecimiento, aparte del dolor que conlleva, se ha visto afectada la parte económica en un momento en que la vida está tan complicada. Afectó mucho el bienestar de todos en la familia”, nos explicó la hermana.
“El sindicato fue una de las instancias de la UCR, junto con la Comisión Bipartita, que nos tendieron la mano de una manera incondicional. Estoy sumamente agradecida con ellas, porque si no no hubiéramos logrado que ella salga de ahí con sus derechos. El sindicato ha sido de gran valor para nosotros” concluyó la hermana de María.
Toda persona que experimente procesos de acoso o se desenvuelva en un ambiente laboral hostil puede acercarse al sindicato, desde donde se le asesorará para que pueda defender sus derechos y su salud.