Proyecto de Ley Reguladora del FEES es un ataque frontal contra las universidades públicas
Daría injerencia a cuatro ministros sobre la Educación Superior Pública
Busca que la oferta académica responda al mercado
Atenta directamente contra la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Política
Por Diego Molina Moreira
Comunicador del SINDEU
El pasado 5 de octubre el Gobierno de la República presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley llamado “Ley Reguladora del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal”, expediente N° 23.380, que a través de mecanismos financieros atenta contra la autonomía e incluso contra la esencia misma del quehacer universitario.
“Este proyecto de ley realmente es una chapucería política y jurídica, cuyo objetivo es exclusivamente controlar a las universidades por la vía presupuestaria y a partir de eso establecer cuál debe ser la naturaleza de las universidades. Desde que se creó la Educación Superior Pública nunca había tenido un ataque como este”, opina el asesor sindical Jorge Coronado Marroquín.
El proyecto de ley plantea la creación de un Fondo Especial para la Educación Superior, desconociendo el FEES actual, que sería administrado por el Banco Central de Costa Rica, al que las universidades deberían solicitar los recursos de manera mensual. Asimismo define que todo excedente al finalizar el ejercicio económico pasaría a la caja única del Estado.
En el artículo 1 el proyecto define que el propósito de este fondo es promover la regionalización, la promoción de las becas y la inversión en infraestructura física y el equipamiento. Esto deja por fuera por completo el tema salarial, pues en la justificación que presenta el texto del proyecto dice que “los gastos en sueldos y salarios consumen una proporción muy alta del FEES y seguirá creciendo si no se establece un límite al crecimiento del gasto de las universidades”.
Sobre esto, Coronado opina que las universidades al ser centros de formación “deben invertir principalmente en recurso humano, porque necesitamos el mejor recurso humano para la docencia, la investigación y la acción social. Y también en lo administrativo para que las actividades sustantivas se logren hacer con éxito. Lo que te quiere decir (el proyecto de ley) es que el FEES actual se dirige a salarios y que como gobierno lo que quieren es atacar el tema salarial”.
En la justificación del proyecto se plantea que “a lo largo de los años se ha presentado un divorcio entre las carreras solicitadas por la empresa privada y las habilidades o destrezas que buscan y el perfil de los graduados, falta correspondencia entre la oferta y las expectativas del mercado”.
“Consideran a las universidades como una maquila de profesionales de acuerdo a las necesidades de la empresa privada. Eso no es el propósito de una universidad”, señala Coronado.
El artículo cuarto del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría integrado por:
a) El Consejo Nacional de Rectores (CONARE);
b) El Ministro de Educación Pública o el representante que éste designe,
c) El Ministro de Hacienda o el representante que éste designe,
d) El Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o el representante que éste designe y,
e) El Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones o el representante
que éste designe.
Las funciones de este Consejo serían “promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo”.
Ante estos planteamientos, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) emitió un pronunciamiento rechazando categóricamente al proyecto de ley. En el comunicado explican que el FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).
Sobre el señalamiento que hace el proyecto de ley de que el financiamiento y el rendimiento de las universidades debe ser sujeto a rendición de cuentas y fiscalización, los rectores recuerdan que ello ya se realiza:
“El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria”.
“El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica”.
El actual Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior está garantizado en la Constitución Política, en los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación, en el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino, y en el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.
“El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación”, sentencian los rectores.
En este contexto, el 14 de octubre el CONARE convocó a una reunión donde participaron los consejos universitarios, sindicatos, federaciones estudiantiles, asesorías legales, entre otros, para valorar los riesgos que el proyecto implica para las universidades, y para la institucionalidad pública del país. “Este es el ataque más radical y agresivo que han vivido las universidades desde que se crearon. Es terrible, yo creo que esto obliga a los universitarios a defender no solo a la autonomía, sino la esencia misma del quehacer académico universitario, y no dejar que desde la vía presupuestaria un gobierno imponga desde dónde y cómo se orienta la educación superior pública en este país”, concluyó Coronado.
Según la Conred de los 1.871 incendios, 1.421 han sido forestales y 420 no forestales y a pesar de los esfuerzos de las brigadas contra incendios en todo el país, las cifras han ido en aumento.