Este pronunciamiento corresponde a la posición del SINDEU sobre el Convenio FEES-2020, y fue presentado el marte 22 de octubre a las 8:00 a.m. en la Asamblea General Extraordinaria, previo a la Marcha Universitaria hacia Casa Presidencial.
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El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) desaprueba el acuerdo firmado por la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES,2020), conformada por representantes del Gobierno y del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), el 18 de julio del 2019.
La negociación que llevó a la firma de ese Convenio, se realizó en medio de una amplia y persistente campaña de desprestigio de las universidades públicas y los funcionarios (as) públicos orquestada por las élites económicas agrupadas en las cámaras empresariales y ejecutada por sus representantes políticos en los tres Poderes de la República, por medio de las empresas de información comercial.
Al igual que ocurre en otros países de América Latina, estos grupos económicos responden a una agenda transnacional dictada por los organismos financieros internacionales representados por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual promueve una contra-reforma social que busca reducir el tamaño y función del Estado, precarizar las condiciones de empleo de los empleados (as) públicos y privados, prohibir la libertad de organización sindical y criminalizar la protesta social.
La negociación FEES se realizó prácticamente en secreto, sin la participación activa de representantes de los sectores que conforman las comunidades universitarias, esto es, profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, lo cual impidió que estos plantearan sus recomendaciones o rechazaran los aspectos que consideraban lesivos para la educación superior.
Imposición gubernamental
Esto le facilitó al Gobierno de la República imponer una serie de cláusulas que resultan violatorias de la autonomía universitaria, entre las cuales destacan la obligatoriedad de realizar inversiones de capital por ¢70.000 millones, realizar procesos internos de evaluación tendientes a implementar normas de austeridad administrativa, imposición de indicadores de desempeño cómo instrumentos de rendición de cuentas al país y una llamada “agenda de cooperación”, afín con los intereses políticos del Gobierno.
Además, este Convenio es contrario a la Convención Colectiva de Trabajo de la UCR, firmada entre el SINDEU y la Administración Universitaria en el 2018, la cual establece que “La Universidad y el Sindicato se comprometen a defender la existencia de la Universidad Pública, Democrática, Autónoma y Humanista” (Art.104). Este principio no fue honrado por el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR.
El SINDEU considera que este “acuerdo” incumple lo que establecen los artículos N°84 y N°85 de la Constitución Política de la República, violenta la autonomía universitaria y no satisface las necesidades de financiamiento de las instituciones de educación superior pública, lo cual obliga a las universidades a recortar programas esenciales para el desarrollo del país, debilitar las sedes regionales y eliminar derechos adquiridos de las personas trabajadoras.
En términos porcentuales, este Convenio incluye el porcentaje recursos más bajo desde el 2014, lo cual significa un desfinanciamiento de la educación superior, lo cual está afectando actividades sustantivas como son la docencia, la investigación, la acción social y la vida estudiantil.
Mientras que en el 2014 el porcentaje del FEES respecto al Producto Interno Bruto (PIB) fue de 1.34%., tal como está en el 2020 sería de 1.33%, uno de los más bajos de los últimos años a pesar de las crecientes necesidades.
A manera de ejemplo, si en esta negociación las autoridades universitarias hubieran negociado el porcentaje del año 2018 (1.42% del PIB), se habría logrado una cantidad de recursos superior en términos nominales.
Al negociar un 1.33% del PIB, las universidades públicas están dejando de percibir cerca de ¢12 mil millones de colones, e incluso el monto es mucho mayor si se considera que la negociación se realizó sobre la base del recorte de ¢10 mil millones realizado el año pasado por la Asamblea Legislativa.
En aras de la transparencia y las responsabilidades éticas que conlleva la defensa del Alma Mater, consideramos que en la negociación del FEES los rectores no debieron permitir que el Gobierno y los grupos neoliberales intervinieran en la autonomía de las instituciones de educación superior.
Las comunidades universitarias sabemos desde hace varias décadas, que la estrategia de los diferentes gobiernos, de todos los signos políticos, ha sido restringir los presupuestos universitarios como una vía para debilitar la educación superior y acallar las voces críticas que aún se manifiestan en el país.
Sumado a esto, el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada (PAC), en alianza con los demás partidos de la derecha (PLN, PUSC y pentecostales), busca imponer la Regla Fiscal como un instrumento para intervenir de manera ilegal en las decisiones propias de las universidades públicas.
Convenio inconstitucional
Es importante destacar que la Constitución Política establece que “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones”.
La Constitución también es clara en que “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, sino se crean, simultáneamente, otras ‘mejoras’ que las sustituyan”. En este caso, es evidente que se está irrespetando ese mandato constitucional.
Por tanto, al firmar este Convenio bajo los términos en los que se hizo, tanto los rectores como el Gobierno de la República “modificaron” ilegítimamente la Constitución Política y por ello, si se aprueba tal como está, este acuerdo es inconstitucional.
A esto se suman las propuestas desafortunadas e irresponsables impulsadas por algunos diputados (as) representantes de los intereses conservadores que amenazan con modificar los artículos N°84 y N°85 de la Constitución Política, que garantiza a todos los y las costarricenses la educación pública y gratuita.
Es por ello que las comunidades universitarias y la ciudadanía, no solo debemos manifestarnos de manera contundente contra estas decisiones arbitrarias, sino que en el momento que corresponda, impulsaremos las acciones legales necesarias para que se respeten los preceptos constitucionales.
Inequidad tributaria
En esas circunstancias, y frente a las presiones que sufren las universidades públicas del país por parte de grupos neoliberales representantes de muchas de las grandes empresas territoriales, que según Informe de la CGR (DFOE-SAF-IF-00002-2018) declaran perdidas, e incluso un 6% declaró cero impuestos, para un total de 27% con pérdidas o cero impuestos, pero que en realidad tenían ingresos brutos por ¢8.1 billones de colones y sus activos totales alcanzaban los ¢15.6 billones.
Mientras muchos (as) evaden los impuestos: renta e impuesto al valor agregado (IVA), representando un 8.22% del PIB, los grupos neoliberales arremeten contra recursos importantes para el desarrollo de la educación superior y el desarrollo científico.
Aporte de universidades
Por otra parte, este Convenio menosprecia el enorme aporte que durante más de ocho décadas viene realizando la Universidad de Costa Rica y las demás instituciones de educación superior al desarrollo del país en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo económico y social, y que nos han situado en los rankings internacionales entre las mejores universidades de América Latina y del mundo.
Las universidades estatales constituyen, junto con la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Seguros y otras instituciones, uno de los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho, y representan un factor de ascenso social para personas de escasos recursos, lo cual le ha permitido a este país alcanzar los índices de desarrollo humano actuales.
No cabe duda de que si caen o se debilitan las universidades públicas, al igual que ha ocurrido en otros países donde las universidades han sido privatizadas, se profundizará la pobreza, se incrementará la violencia y se ampliarán las brechas sociales entre pobres y ricos.
Por ello, el SINDEU exige al Gobierno de la República eliminar la cláusula V del “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2020” en la que obliga a las universidades a invertir ¢70 mil millones en infraestructura y equipo, lo cual tendría un grave impacto el quehacer institucional; respetar la negociación quinquenal que establece la Constitución Política; y destituir de manera inmediata a la ministra de hacienda, Rocío Aguilar Montoya, por promover acciones ilegales contra las universidades públicas y ser la principal responsable de crisis económica y social que vive el país.
Por estas razones el SINDEU hace un llamado urgente a todas las personas trabajadoras de las instituciones de educación superior, organizaciones sindicales y sociales y comunidades en las que se ubican las sedes universitarias, a participar en la marcha del programada para este martes 22 de octubre del 2019.
A la comunidad universitaria, la instamos a paralizar la Universidad de Costa Rica los días 22 y 23 octubre del 2019 y sumarse al Paro Activo de las cinco universidades públicas acordado por CONARE para el próximo miércoles 30 de octubre del 2019.
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