El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), rechaza de manera categórica el “Acuerdo entre las autoridades de CONARE, las presidencias de la federaciones de estudiantes de las universidades públicas y el Gobierno de la República”, firmado el martes 22 de octubre del 2019 en Casa Presidencial y manifiesta lo siguiente:
El 18 de julio del 2019 el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), suscribió con el Gobierno de la República el “Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria (FEES) 2020”, el cual en su momento, fue rechazado públicamente por el SINDEU porque no cumple con lo que establece la Constitución Política, reduce significativamente el financiamiento de la educación superior pública para el 2020 y violenta la autonomía universitaria.
También se manifestó en contra de que se impusiera a las universidades la denominada Regla Fiscal, aplaudida por las cámaras empresariales, que restringe y pretende modificar el presupuesto universitario, lo cual golpearía a las Instituciones de Educación Superior Pública, baluartes del desarrollo económico, social, científico, cultural y deportivo de la Nación.
Asimismo, manifestamos que la Convención Colectiva de Trabajo de la UCR,
firmada entre el SINDEU y la Administración Universitaria en el 2018, establece que “La Universidad y el Sindicato se comprometen a defender la existencia de la Universidad Pública, Democrática, Autónoma y Humanista” (Art.104). Este principio no fue honrado por el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, en ninguno de los dos “acuerdos” suscritos por el Gobierno.
En cuanto al nuevo “acuerdo” firmado el 22 de octubre del 2019, la cláusula V. establece lo siguiente: “Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70 mil millones de colones”. Sin embargo, los mismos rectores que firmaron el acuerdo recientemente anunciaron que no estaban de acuerdo con la modificación de la partida presupuestaria para inversión de capital promovida por la entonces ministra de hacienda Rocío Aguilar Montoya.
Estas actuaciones generan grandes dudas y les quita toda legitimidad como representantes de las comunidades universitarias de las instituciones de educación superior.Previo a la marcha universitaria a Casa Presidencial del martes 22 de octubre del 2019 acordamos por consenso que los representantes estudiantiles, sindicatos universitarios y autoridades nos reuniríamos con el Gobierno al finalizar la marcha. Este acuerdo fue irrespetado por el CONARE, el Dr. Henning Jensen Pennington y las federaciones estudiantiles, las cuales se anticiparon a la marcha e ingresaron a Casa Presidencial antes de que la manifestación llegara.
En todo caso, denunciamos a la comunidad universitaria y nacional que este “acuerdo” es una cortina de humo cuyo objetivo político es desmovilizar la lucha iniciada y liderada por los estudiantes de las universidades en defensa de la Educación Superior Pública. Por tanto, la lucha se mantiene hasta que la Asamblea Legislativa garantice el financiamiento a las universidades públicas, respete la Constitución Política y la autonomía universitaria.
Consideramos sumamente peligroso, y hasta irresponsable, que las rectorías estén llamando a volver a la normalidad, cuando no existe ninguna garantía de que se respete lo pactado, pues el “acuerdo” no cuenta con la firma de la Ministra de Hacienda en ese momento, ni tampoco la del Presidente de la República, quien estaba presente en la negociación. Tampoco existe garantía de que el acuerdo vaya a ser respetado por la Asamblea Legislativa, en donde se están aprobando proyectos que atentan contra la educación superior.
En otros momentos el Gobierno al menos se ha comprometido a realizar gestiones para que desde la fracción oficialista y la Presidencia de la Asamblea Legislativa facilite llegar a puntos de consenso. Lo suscrito entre las partes ni siquiera contempla esa posibilidad, asumiendo que el documento suscrito es suficiente, e induciendo a error a las comunidades universitarias, ya que reiteramos, el asunto solo puede ser resuelto en definitiva por la Asamblea Legislativa.
La posición del Gobierno expresada en el punto N°1 del “acuerdo”, en el sentido de que no se creará “ninguna clasificación de las partidas del FEES distintas a las aprobadas por los órganos de gobierno de las Universidades Públicas”, no tiene ninguna validez, ya que en este momento el proyecto está en trámite en la Asamblea Legislativa, la cual desde el 15 de octubre del 2019 modificó la propuesta original del Poder Ejecutivo para dejar la partida mencionada en ¢35 mil millones.
Con el nuevo “acuerdo” esta situación no varía, ya que en el punto dos del documento afirma que “las universidades estatales realizaron una revisión conjunta de sus presupuestos, la cual permite reclasificar las diferentes partidas de gasto que actualmente están consideradas como gastos corrientes para contabilizarlas como gastos de capital”.
Además, esto abre un peligroso portillo, que luego les permitiría a los gobiernos de turno irrespetar sistemáticamente la autonomía universitaria universitaria, obligando a gastar los recursos según sus intereses. Este funesto condicionamiento es inaceptable y debe ser eliminado por completo de cualquier acuerdo.
El “acuerdo” mantiene el irrespeto a la negociación quinquenal del presupuesto universitario y lo deja como algo opcional a la voluntad del Gobierno, cuando es bien sabido que el carácter quinquenal de la negociación del FEES es una obligación establecida por la Constitución Política. La negociación anual mantiene una tóxica dependencia de las universidades, la cual es utilizada de manera clientelar por los gobiernos de turno.
El punto doce de los considerandos afirma que “Las partes coinciden en la urgente necesidad de que las Universidades Públicas, siempre en el marco de su autonomía, continúen realizando cambios estructurales internos para evitar serias complicaciones financieras y garantizar su sostenibilidad”. Esto no es otra cosa que iniciar un proceso de despidos, como lo anunció el señor rector don Henning Jensen el día 21 de octubre del 2019 en la Plaza de la Autonomía cuando se refirió al posible despido de 4.200 funcionarios (as).
Rechazamos de manera categórica las manifestaciones del Dr. Henning Jensen Pennnington, en su condición de presidente de CONARE, en la conferencia de prensa realizada para anunciar al país la firma del “acuerdo” en relación con el eventual recorte de salarios y anualidades de funcionarios (as) de la UCR y de las demás universidades públicas.
Además no le ha explicado a las comunidades universitarias, la forma en que se contabilizarán los gastos corrientes como gastos de capital y qué implicaciones tendrá esto para la UCR en caso de que la Contraloría General de la República rechace el presupuesto universitario.
Es importante advertir que existe la posibilidad de que se repita lo que ya ocurrió en las negociaciones de la última huelga que mantuvieron las y los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en donde se logró un acuerdo que luego fue reversado por la Contraloría General de la República, la cual se sabe está controlada por sectores neoliberales.
Además, el acuerdo no considera el compromiso de no ejercer represalias contra las personas que participan del movimiento, lo cual es una maniobra que allana el camino para la represión y el hostigamiento contra las y los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA), quienes han sido agredidos salvajemente por los cuerpos policiales con el aval del rector Alberto Salón Echeverría, por lo cual exigimos su renuncia inmediata.
No descartamos que algo similar pueda ocurrir en la UCR en los próximos días, por lo que desde ya nos oponemos y denunciaremos enérgicamente, cualquier otro acto de intimidación o represión en contra de las tomas de las diferentes sedes, recintos o edificios de las universidades estatales, sean estas realizadas por la fuerza pública o por las autoridades universitarias.
Condenamos que la represión y la violación de los derechos humanos ordenada por el ministro de Seguridad Michael Soto Rojas y el presidente Carlos Alvarado Quesada contra las y los estudiantes de la Universidad Nacional, el ingreso ilegal de la fuerza pública al Recinto de Paraíso de la UCR y todos los actos de intimidación llevados a cabo durante esta lucha.
Las federaciones de estudiantes no representan a los estudiantes de las universidades. Actualmente el movimiento de lucha por la defensa del presupuesto está liderado por el Frente Autónomo Interuniversitario (FAI), quien ha realizado ocupaciones pacíficas de inmuebles en diferentes de sedes y recintos de universidades públicas con el apoyo de los sindicatos de trabajadores (as).
Llamamos a todas las seccionales del SINDEU a discutir y enriquecer este documento en Asambleas Generales de Seccional, a coordinar y solidarizarse con los cierres de edificios, recintos y sedes controlados por el FAI, a rechazar públicamente el “acuerdo” de las rectorías y las federaciones estudiantiles y a continuar luchando porque se incluyan las y los voceros de las y los estudiantes en lucha y de las y los trabajadores (as) universitarios (as) en las negociaciones futuras.
Noticias Latinoamerica – TeleSur
